El criterio se estableció al resolver el Amparo Directo en Revisión 3097/2025, derivado de un caso en el que una persona fue condenada por dejar de cumplir con la obligación alimentaria hacia sus hijas, en su análisis, la Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones del Código Penal de Tamaulipas y concluyó que castigar el abandono de esta responsabilidad no vulnera derechos, sino que responde a la obligación del Estado de garantizar el interés superior de la niñez.

Uno de los puntos clave del fallo fue la validación del concepto “sin motivo justificado” dentro del tipo penal, el máximo tribunal determinó que esta expresión no es ambigua ni viola el principio de legalidad, ya que permite a los jueces analizar cada caso con base en sus circunstancias concretas y aspectos como la capacidad económica real, situaciones de fuerza mayor o impedimentos comprobables deben ser valorados individualmente para determinar si existe o no responsabilidad penal.

Con ello, la obligación alimentaria no puede suspenderse de manera unilateral ni arbitraria, ya que los alimentos no son un beneficio opcional, sino un derecho fundamental de los menores destacando que además del castigo penal, el incumplimiento injustificado puede generar consecuencias civiles, como embargos, retención de salarios u otras medidas destinadas a garantizar la subsistencia y desarrollo integral de los hijos.

Con esta resolución, la Suprema Corte consolida una postura firme de que el derecho de la niñez a recibir alimentos prevalece y su incumplimiento puede ser perseguido con todo el peso de la ley si es necesario. La resolución fue actualizada y divulgada el pasado 9 de Diciembre, y sus efectos aplican de inmediato desde esa fecha para casos en trámite o nuevos procedimientos, fortaleciendo la protección del interés superior de la niñez en todo México.