La redacción actual, que modifica el artículo 480 del Código Penal estatal, incluye un apartado que habla del respeto a la libertad de expresión y a los hechos de interés público, pero no establece de forma clara ni contundente que los funcionarios no podrán denunciar por ciberasedio a quienes cuestionen o evidencien actos de gobierno lo que abre un margen de interpretación que puede ser aprovechado por políticos y funcionarios con ánimos autoritarios para callar la crítica y castigar el disenso.

Mientras la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, dice que no es la propuesta final y que habrá más mesas de trabajo, lo cierto es que el Congreso ya mostró sus verdaderas intenciones que son maquillar la ley, no reformarla con seriedad y en lugar de corregir de fondo, están aplicando una estrategia para ganar tiempo y enfriar la indignación social.

El artículo 480 establece penas de hasta tres años de prisión por actos de acoso digital, pero sin una definición clara de lo que constituye intimidación en línea, ni una protección explícita para quienes ejercen su derecho a expresarse en redes sociales y este vacío legal puede convertirse en un arma para perseguir comentarios, memes, críticas o denuncias legítimas contra servidores públicos. Y mientras el Congreso se toma su tiempo, el riesgo de abuso permanece vigente pues esta polémica ley que ya dio de qué hablar a nivel nacional se aprobó en fast track, está publicada en el Periódico Oficial y ya aplica, es decir ya pueden denunciar a cualquier personaje bajo esta arbitraria ley o más bien delito inventado por el gobierno de la 4T en Puebla que en ningún momento vela por los intereses de los poblanos sino de políticos y funcionarios que desde que Morena gobierna en Puebla y el país han demostrado no solo ser arbitrarios sino ineptos y corruptos al gobernar.

La presidenta Claudia Sheinbaum había afirmado que este tipo de reformas no debían permitir que los funcionarios se sintieran ofendidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y el propio Alejandro Armenta, se comprometió a acatar ese criterio, pero la omisión en la redacción muestra que el mensaje fue solo superficial y en lugar de proteger el debate democrático, los legisladores poblanos están construyendo un marco legal opaco que podría convertirse en el disfraz perfecto para la censura.

El Congreso tiene hasta el 15 de Julio para aprobar una versión final, pero si no hay voluntad real de corregir, como ya quedó demostrado, podría vivirse en Puebla una persecución contra quienes critiquen a las autoridades, consideran analistas y activistas, pues en el documento oficial publicado en el Periódico del Estado el pasado 13 de Junio, se contempla que las sanciones por ciberasedio incluyan de 11 meses a 3 años de prisión y multas de hasta 300 UMAs y también se agregaron otros delitos digitales como la usurpación de identidad y el espionaje informático, sin embargo tienen una redacción ambigua y no se especifica de cómo se diferenciará entre acoso real y manifestaciones protegidas por la libertad de expresión. ¿Así o más delicaditos estos gobernantes chairos de la 4T? ¡Hasta la próxima!