El gobernador Alejandro Armenta intentó defender su proyecto, asegurando que “no hay censura” y que siempre se respetaría la libertad de expresión, pero su postura resultó torpe pues incluso los foros ciudadanos realizados en el Congreso revelaron de inmediato la preocupación de que la ley podía ser usada para silenciar la crítica y crear una especie de “licencia para censurar”. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, lo admitió al señalar que la norma necesita precisión, y no puede convertirse en un “escudo para el poder”.

Se consideró que si las autoridades pueden erigirse como víctimas protegidas por una ley penal, se abre la puerta al abuso por lo que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como expertos hicieron un llamado por una redacción clara y sin ambigüedades. Incluso la solicitud de Claudia Sheinbaum para que servidores públicos quedaran exentos puso en jaque el guion oficial, obligando al Congreso a corregir el rumbo a pesar de que la ley fue aprobada al vapor y en fast tack y ahora ya publicada en el Periódico Oficial del estado tendrá que ser modificada para que los funcionarios públicos no se puedan proteger de esta ley morzada.

Ahora, el compromiso es que el pleno vote la versión final antes del 15 de Julio, los ajustes prometen incorporar mesas técnicas refinadas, con aportes de PAN, PRI, MC, colectivos y especialistas en libertad de expresión. La idea es que el artículo 480 siga protegiendo a ciudadanos vulnerables de acoso digital sin convertirse en un mecanismo de censura implícita para figuras públicas.

Lo más relevante es que esta crisis legislativa por la llamada "Ley Mordaza" deja en ridículo al gobernador Alejandro Armenta, quien buscó legitimar la ley sin prever su uso contra la sociedad civil y crítica política, pero con esta corrección, quedó desmantelado el intento del Gobernador por disfrazar su autoritarismo con discursos de protección.

Cabe señalar que el escándalo trascendió el ámbito estatal y se volvió tema de discusión nacional pues diversos medios, columnistas y figuras públicas denunciaron que la “Ley Mordaza” representaba un retroceso democrático disfrazado de modernidad legal y abría la puerta a que otros gobiernos estatales tomaran la misma medida para frenar críticas.