Cuando surgió en redes esta página que critica directamente al gobernador y su gestión, en lugar de dar una respuesta política madura, el mandatario optó por lo punitivo, poco después, el Congreso, con mayoría a fín a la 4T, aprobó una reforma al Código Penal que amplía el delito de ciberacoso e incluso contempla penas de prisión por emitir “insultos” en redes sociales, la rapidez del procedimiento legislativo y la coincidencia con los ataques digitales en su contra levantaron fuertes sospechas de que se trataba de una ley hecha a la medida del ego del gobernador.

Esta iniciativa aprobada con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención ha generado amplio rechazo pues especialistas en derechos digitales y libertad de expresión alertaron sobre el peligro de criminalizar la crítica, especialmente en un contexto político donde el desacuerdo es cada vez más incómodo para el poder. Aunque se presentó como una herramienta contra el acoso, el texto deja lagunas preocupantes ya que no define claramente qué constituye un insulto sancionable, y abre la puerta al uso discrecional de la ley para perseguir voces opositoras y amordazar a medios de comunicación.

Ante la presión mediática, la burla ciudadana y el escándalo nacional que generó esta reforma, el gobernador Armenta reculó y emitió un comunicado en el que pidió al congreso estatal que se analice mejor la ley aprobada, sin embargo, ya está publicada en el Periódico Oficial por lo que el gesto es visto como un acto cínico, sin convicción real, y más bien motivado por la incomodidad que le genera la exposición pública de sus contradicciones.

Esta actitud ya tiene antecedentes con el cuestionamiento de un reportero de Contra Máscaras sobre el encalado de árboles, una práctica que, según la legislación ambiental vigente, no sólo era innecesaria, sino también nociva para el ecosistema y el mandatario lejos de responder con apertura, se mostró molesto, despectivo y terminó evadiendo el tema, lo que encendió las alertas sobre su disposición al diálogo y la crítica. Días después, el Congreso local modificó la ley para permitir el encalado y así se mostró la primer alerta sobre cómo la administración estatal está dispuesta a torcer el marco legal para blindar decisiones personales.

El fondo de estos episodios dejó en evidencia a un Gobernador que no tolera ser cuestionado y que busca blindarse con leyes hechas a la medida, desde el encalado de árboles hasta la criminalización de las opiniones incómodas, Alejandro Armenta ha mostrado que lo suyo es la imposición. Y aunque ahora intente suavizar su imagen con llamados al diálogo, ya quedó expuesto que el verdadero motor de sus decisiones no es la convicción democrática, sino el miedo a la crítica.