La iniciativa fue presentada originalmente en Enero de este año por un grupo de legisladores integrado por Floricel González Méndez, Pável Gaspar Ramírez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Esther Martínez Romano, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega, el proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, donde posteriormente recibió el aval correspondiente antes de llegar al Pleno del Congreso local destacando que la propuesta forma parte de una armonización con la reforma laboral federal en materia de libertad sindical y democracia laboral.

Entre los puntos centrales de la reforma se establece que los sindicatos deberán contar con protección contra cualquier acto de injerencia por parte de funcionarios públicos en procesos relacionados con su constitución, funcionamiento, administración o elecciones internas. Además, se contempla sancionar conductas como la coacción del voto, intimidación jerárquica, uso de recursos públicos para favorecer candidaturas sindicales o cualquier presión ejercida para alterar la voluntad de las y los trabajadores, además de que las violaciones podrán ser castigadas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Durante la discusión del dictamen en comisiones y posteriormente en tribuna, distintos legisladores señalaron que la reforma busca terminar con prácticas de control político dentro de las organizaciones sindicales. Se destacó que la iniciativa incorpora un catálogo específico de conductas prohibidas para evitar presiones sobre trabajadores, mientras que otros integrantes del congreso señalaron que fortalecer la independencia sindical también representa un avance para la vida democrática en Puebla, a favor del dictamen también se pronunciaron diputadas y diputados durante la sesión pública ordinaria celebrada en el Congreso del Estado.

Floricel González reconoció que con esta propuesta de establecen límites claros a la participación de autoridades en asuntos sindicales y con ello, el Poder Legislativo busca garantizar que las decisiones internas de los sindicatos correspondan únicamente a sus integrantes, fortaleciendo mecanismos de representación y participación democrática para las y los trabajadores del Estado.