Uno de los puntos centrales de esta reforma es que la vivienda deja de entenderse únicamente como una mercancía o un producto financiero, para consolidarse como un derecho de toda persona. El cambio normativo pone énfasis en que no basta con construir casas, sino que estas deben cumplir con criterios de habitabilidad, seguridad estructural, cercanía con centros de trabajo, transporte público y servicios básicos. Bajo esta visión, la postura impulsada desde San Lázaro y respaldada por la legisladora teziuteca busca atender una de las principales demandas sociales: que las familias puedan desarrollarse en espacios seguros, estables y con certeza patrimonial.

La iniciativa también fortalece el papel de instituciones como Infonavit y Fovissste, al ampliar sus posibilidades para ofrecer nuevos esquemas de acceso a la vivienda, entre ellos la renta con opción a compra. Este modelo representa una alternativa relevante para jóvenes, mujeres y trabajadores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para adquirir un patrimonio. La intención es generar mecanismos más flexibles que permitan a más sectores de la población incorporarse a esquemas de vivienda social sin quedar excluidos por requisitos tradicionales de crédito o por la falta de ingresos elevados. 

Dentro del posicionamiento difundido por Marilyn Ballesteros resalta que esta reforma responde a la necesidad de corregir errores del pasado, cuando miles de viviendas fueron edificadas en zonas marginadas, sin servicios suficientes y terminaron en abandono. El nuevo marco legal busca evitar precisamente ese fenómeno, obligando a que los proyectos habitacionales contemplen condiciones integrales de bienestar y planeación urbana, de esta manera, la legisladora subrayó que el derecho a la vivienda debe traducirse en oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de las familias del distrito de Teziutlán y de todo el país.

El respaldo de la Diputada Federal a esta reforma forma parte de una agenda legislativa orientada a reducir desigualdades y ampliar derechos sociales, particularmente en temas que impactan de forma directa en el bienestar cotidiano. La legisladora reconoció que la vivienda adecuada, con servicios, seguridad jurídica y opciones accesibles, se perfila como uno de los ejes de mayor relevancia en la política social actual, al reconocer que contar con un hogar digno brinda tanto estabilidad patrimonial, así como influye en salud, educación, movilidad y desarrollo comunitario.