El 9 de Diciembre la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y el Senado de la República al día siguiente avaló la reforma que elimina la obligación de destinar un 8 por ciento del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), exclusivamente a la atención de enfermedades caras, modificación que también redefine cómo se decide el uso de los recursos pues ya no está marcado por un porcentaje inamovible, sino por lo que determine un comité técnico y las prioridades que establezca la ley y el presupuesto anual.

En pocas palabras, el cambio consiste en quitar la garantía de un monto mínimo para enfermedades de alto costo, lo que le da mayor flexibilidad al gobierno federal para mover recursos hacia otras áreas de salud. Quienes impulsan la reforma aseguran que esto permitirá responder a necesidades urgentes del sistema; sin embargo, organizaciones, especialistas y legisladores de oposición advierten que sin un porcentaje obligatorio podría disminuir el apoyo para personas que dependen de ese fondo para acceder a tratamientos costosos.

Aunque ya fue aprobada por ambas cámaras, la reforma aún requiere el paso final que es su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una vez que esto ocurra, los cambios entrarán en vigor y las reglas de operación del fondo deberán ajustarse al nuevo esquema.

El ajuste deja abierta la puerta a que el dinero del Fonsabi se utilice en proyectos distintos a la atención de enfermedades graves, lo que se traduce en un riesgo para miles de pacientes sin seguridad social pues aunque la reforma no elimina el apoyo, sí quita la garantía de un porcentaje protegido, y esa sola modificación ha puesto sobre la mesa la preocupación de que, en la práctica, quienes enfrentan enfermedades delicadas y de alto costo podrían quedar con menos respaldo que antes.